INFORMARÁN DIPUTADOS CONCLUSIONES SOBRE EL CASO DE LA NIÑA WICHI ABUSADA

INFORMARÁN DIPUTADOS CONCLUSIONES SOBRE EL CASO DE LA NIÑA WICHI ABUSADA

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La comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que fue instituida con atributos de investigadora, presentará mañana martes en el recinto el informe con las conclusiones de las tareas realizadas en Tartagal y Alto La Sierra, referidas al caso de violación de una menor de 12 años ocurrida en ese paraje del departamento Rivadavia.

El encargado de brindar dicho informe durante la sesión será el titular de la comisión, el diputado Mario Ángel, quien integró la comitiva que se constituyó primero en Tartagal para dialogar con los funcionarios judiciales del distrito, así como también en Alto La Sierra para indagar acerca de la contención social con las que cuenta la familia de la damnificada.

En el documento constarán las observaciones y eventuales negligencias que se pueden haber detectado tanto en el proceder de la Justicia, así como en lo acontecido con respecto a la atención médica y protocolos que se deben seguir en un hecho de tamaña complejidad.

El informe también incluirá cuestiones referidas a la contención social que debe asistir a la familia de la menor, tanto de parte del gobierno provincial, como del nacional y municipal.

La comisión que se trasladó estuvo encabezada por el titular de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, y la integraron los diputados Mario Ángel, Cerbanda Díaz, Sebastián Casimiro, Arturo Borelli y Ramón Villa, además de la secretaria de Justicia de la Provincia, Patricia Colombo.

En Tartagal se entrevistaron con el juez que lleva la causa, Fernando Mariscal Astigueta, el fiscal Penal, Armando Cazón, la asesora de Menores e Incapaces, Eugenia Hernández, la defensora Oficial de Violencia Familiar y de Género, Andrea Magadán y los profesionales médicos que atendieron a la menor, Juan Carlos Limache Mamaní y el gerente del hospital de Alto La Sierra, Ramón Bustamante.

En tanto en Alto La Sierra los diputados dialogaron con la familia de la menor y vecinos del lugar. Previamente, el martes último, integrantes de la comisión de Derechos Humanos concurrieron al Hospital Materno Infantil a conversar con la madre de la menor y los médicos para interiorizarse sobre su estado de salud.

 

FUENTE: NUEVO DIARIO DE SALTA

 

 

 

4 MINISTERIOS DENUNCIADOS POR DISCRIMINACIÓN

4 MINISTERIOS DENUNCIADOS POR DISCRIMINACIÓN

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En el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) se abrió un expediente contra cuatro carteras del Gobierno de Salta y la Intendencia de Santa Victoria Este, por la niña que fue violada por ocho lugareños en Alto La Sierra, quedó embarazada y no recibió las más mínimas asistencias en seis meses.

El jueves último la nena, de 12 años, fue sometida en el Hospital Público Materno Infantil de Salta a una cirugía con la que se interrumpió la gestación de una beba anencefálica, de 34 semanas, que murió minutos después de la intervención.

Al día siguiente, el delegado salteño del Inadi, Álvaro Ulloa, elevó a la sede central del organismo una denuncia por discriminación contra los ministerios de Salud, Primera Infancia, Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos y Justicia.

Sobre el incumplimiento de los protocolos de acción, la falta de respuestas y las fallas de abordaje que sacó a relucir el caso de la niña wichi, Ulloa afirmó que no se trata de un error aislado, sino sistémico.

“La emergencia desnudó a un sistema que está planteado para funcionar a media agua en lugares como Alto La Sierra, donde hombres, mujeres y niños son discriminados, tratados como ciudadanos de segunda y abandonados a su suerte”, insistió ayer el delegado del Inadi en diálogo con El Tribuno.

Ulloa lamentó la naturalización que tienen los tratos discriminatorios entre ciudadanos y autoridades de Santa Victoria, cuya intendencia también fue denunciada. Las actuaciones que abrió el Inadi central concluirán con un dictamen final, luego de los descargos que realicen los organismos denunciados en Salta.

Días atrás, el delegado salteño del organismo nacional emitió una carta abierta, bajo el título “Dónde estuvo el Estado”, que puede leerse completa en El Tribuno digital. En ese escrito, Ulloa remarcó que la niña wichi de Alto La Sierra -la quinta de nueve hijos que nacieron vivos- tiene, como toda su familia, documento nacional de identidad (DNI) argentino. Recordó que la pequeña sufre una discapacidad severa (retraso madurativo y crisis epilépticas), pero nunca tuvo pensión, contó con la asignación universal ni nadie le habló a sus padres de todos los derechos de los que se la privó.

El 28 de noviembre de 2015, ocho jóvenes criollos la violaron y nada pudieron hacer otras dos niñas en su intento por evitar el ultraje.

El fiscal norteño Armando Cazón expuso detalles del caso en una nota que publicó El Tribuno el 9 de diciembre de 2015 y que tuvo repercusión nacional a través de otros medios gráficos, radiales y televisivos. La amplia difusión del caso, sin embargo, no sirvió para que los organismos competentes tomaran nota y respondieran, sin pérdida de tiempo, con los protocolos de actuación y los abordajes interdisciplinarios establecidos para estos casos.

Fue otra nota, que publicó El Tribuno el pasado 25 de mayo, la que advirtió que la niña abusada en noviembre de 2015 sobrellevaba un embarazo de más de seis meses sin ayuda alguna. Así lo había advertido la noche antes, en la Cámara Baja, el diputado Jesús Ramón Villa. Tampoco en esa oportunidad los organismos responsables reaccionaron ante la gravedad de la situación que este diario describió a través de los testimonios del legislador de Rivadavia, el padre de la niña abusada y el cacique de la comunidad wichi de Alto La Sierra, Asencio Pérez.

Fueron médicos que acompañan al cantante Jorge Rojas en las iniciativas de su fundación, Cultura Nativa, los que el jueves 26 de mayo controlaron a la niña abusada y diagnosticaron, mediante una ecografía métrica, el crítico pronóstico de su embarazo. Fue esa intervención la que movió el traslado de urgencia de la niña wichi al Hospital Público Materno Infantil de Salta, para la interrupción de un embarazo que, además del aciago destino de la beba en gestación, ponía en riesgo la vida de la nena de 12 años.

Durante la cirugía, especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) tomaron muestras para los exámenes de ADN que confirmarán, en los próximos días, si existió algún vínculo de paternidad entre los ocho implicados que tiene el abuso denunciado en noviembre -tres de ellos son menores de edad- y la beba que perdió la nena violada.

Más allá del resultado del examen de ADN, la Justicia deberá definir qué tipo de participación y de responsabilidad tuvieron los jóvenes criollos acusados. Esa es, sin embargo, una asignatura coyuntural. La cuestión de fondo pasa por la descoordinación y falta de compromiso que muestra el abordaje institucional para responder ante una generalidad de casos de abusos, violencia de género y de violaciones de derechos humanos fundamentales.

¿DÓNDE ESTUVO EL ESTADO?

Ayer pude visitar a A.S. en el Materno. Tiene 12 años, no habla castellano, nunca fue al colegio. Es la quinta hija de nueve que nacieron vivos. Tiene documentos, como toda su familia, vive en Alto de la Sierra, departamento de Rivadavia, allá al norte, donde Salta limita con Bolivia y Paraguay.

A.S. tiene una discapacidad severa, nunca tuvo pensión ni cobró la asignación universal para la niñez, nadie le dijo que tenía derecho.

Su padre, N.S., hace changas. En Alto de la Sierra changuear significa tallar un poste a hacha y cobrar unos pocos pesos que pagan un par de días de la familia.

En noviembre del año pasado seis o siete hombres la atacaron, la violaron y la dejaron tirada a orillas de la represa.

El padre hizo la denuncia, el médico la reviso y comprobó violencia. Ese médico que trabaja en Alto la Sierra es Boliviano, estudió en Cuba y no puede firmar como médico en Argentina porque no revalidó su título, pero es el que está. Es el que el Estado salteño contrata en esos parajes. No pudo firmar y a cuenta de él firmó el bioquímico. La defensa de los atacantes se agarró de ese detalle y no perdonó la falta de habilitación para la pericia. Al tiempo salieron libres.

Cuatro días más tarde, cuando el camino permitió llevar a A.S. a Morillo, un médico la examinó y escribió que no podía constatar violencia.

Rivadavia tiene casi 26.000 kilómetros cuadrados, unos 35.000 habitantes mixturados entre criollos y wichis, unas 8.000 viviendas censadas y no tiene cloacas ni agua potable. Es el lugar donde Lanata descubrió el hambre de agua, el departamento donde Brenda, del paraje la Medialuna, murió hace apenas diez días de desnutrición disfrazada en su certificado médico de deficiencia pulmonar.

En Rivadavia, cerca de la Puntana fue asesinada hace un par de años Evelia Murillo, una docente rural que protegía a una chica wichi de la persecución de José Tomás Macu Cortez.

El Estado no estuvo para proteger a Evelia, ni a Brenda, ni a A.S. ni a docenas de chicos wichis que mueren por año por enfermedades que no matan, que a cualquier chico bien comido, con agua potable y un médico competente le dejan apenas unos pocos días en cama.

Andrés Serapio, enfermero de Alto la Sierra, cuenta que no hay más que una ambulancia, que está rota, que en esa geografía de miles de kilómetros cuadrados no hay un vehículo confiable para trasladar un enfermo.

Cuenta de los visitadores médicos mal pagados poniendo de su sueldo para pagar el combustible en las motitos para llegar a uno de esos ranchos alejados para controlar el peso, y cuenta que a veces llegan tarde. Cuenta que a veces no hay médico y que tienen que rebuscarse con lo que saben.

Nadie se acercó a A.S., ni a sus padres a explicarles que tenía derecho a la pastilla del día después. Nadie le explicó que podía acceder a un aborto no punible por ser menor, discapacitada y violada.

Nadie se acercó a contenerla, a garantizarle atención médica, alimentación suficiente y ayuda emocional.

El ministerio de Derechos Humanos le echó la culpa a Salud Pública, que no respondió. En Asuntos Indígenas, convertido en Ministerio hace varios meses, miran para otro lado intentando pasar inadvertidos, cosa que consiguen no sólo en este caso sino en la diaria.

A.S. va a perder a su hijo, se lo dijeron a F.I., su madre. Las ecografías que le realizaron hace un par de días muestran una malformación craneana complicada.

Ella no entenderá mucho, los médicos hablan castellano y nadie dedicará mucho tiempo a explicarle.

Hace unos días no sabía siquiera que estaba embarazada.

Hablé con la madre, la visité en el Materno, separada de sus hijos, cansada de pobreza. Le pregunté si necesitaba algo y me pidió un encendedor. Bajamos a comprar uno, algunos caramelos y chocolates para A.S. Tiene doce, entienden, apenas doce años. Cigarrillos no vendían, le expliqué que no podía fumar en el hospital, que estaba prohibido, que si la veían fumando alguna enfermera la iba a retar, que saliera afuera.

 

 

FUENTE: EL TRIBUNO

GRIPE: BROTE IMPORTANTE QUE EMPEZÓ TEMPRANO”

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Abocada a la Vigilancia Epidemiológica Laboratorial de la Provincia desde el 2000, Viviana Raskovsky es una de las principales referentes del seguimiento y estudio de la influenza y otros virus respiratorios. Segura de que el grupo etario más vulnerable por estas horas es el de los adultos jóvenes

Este virus comenzó su circulación muy temprano en Argentina y en Salta, sobre todo, creo que fuimos una de las primeras provincias de debut de este virus. Ya en el mes de febrero comenzamos con algunos casos, que yo los fui monitoreando en el interior. Represento a la Vigilancia Epidemiológica Laboratorial de la Provincia y monitoreamos el virus de influenza durante todo el año. Las primeras cepas las empezamos a encontrar en Embarcación y también en Las Lajitas. En Embarcación puntualmente se introdujo a partir de una persona de ese lugar que viajó a México y que estaba de vacaciones allí. Regresó con un cuadro gripal, el médico del lugar envió la muestra a la ciudad de Salta, donde está el centro de referencia, y se confirmó el primer virus A H1N1 del año. Desde ahí se comenzó a distribuir por todo el interior hasta que llegó a la capital.

¿Hubo una presencia anticipada?

Así es, tuvimos un brote anticipado porque estábamos en verano todavía, cuando normalmente no circulan los virus de influenza. Se supone que es en la época invernal cuando bajan las temperaturas y se produce la mayor circulación. Por ejemplo, en mayo comenzaron a aumentar los casos, al igual que en abril, y en estos momentos estamos en un brote total.

¿Qué tipo de virus circula actualmente?

No es un virus atípico. Es el mismo que circuló en 2009, que es el virus pandémico, influenza A subtipo H1N1. Este es un virus que comenzó en México, donde fue el gran episodio de la pandemia y se extendió a través de todos los países. Con el tiempo pasó de ser pandémico a ser un virus estacional. Hay años en que circula un subtipo viral y otros en que circulan otro. Por ejemplo, en 2015 el virus que dominó fue el influenza A pero cepa H3N2.

¿Brote es lo mismo que epidemia?

Sí, es un brote epidémico, porque es un aumento de casos inusitado para la época. Está aumentando el número de casos, entonces decimos que estamos en brote. Realmente tenemos que ver y analizar el impacto que está teniendo en cada lugar. Pero puedo decir que en Salta estamos en un brote importante. Empezó en forma muy temprana y va aumentando en forma exponencial. Estamos en estos momentos en la parte alta de la ola.

“La provincia está en alerta completa, desde Salvador Mazza hasta Rosario de la Frontera”. “Uno de los grupos más afectados es el de los adultos jóvenes. Se extiende entre los 6 y 40 años”

¿Cuándo cree que será la etapa pico de la enfermedad?

A principios y hasta mediados de junio, vamos a estar con una circulación importante, pero sumado al virus influenza hay que tener en cuenta que estamos también comenzando con un brote de virus sincicial respiratorio, que afecta en su mayoría a niños menores de dos años con bronqueolitis. En este sentido, no solamente los niños de esta franja sufren la enfermedad sino también adolescentes que presentan un cuadro que se asemeja al virus influenza pero que no es. Además, hay que tener en cuenta que históricamente la provincia registra una segunda presencia de influenza durante setiembre.

¿Por qué cree que Salta fue una de las primeras en presentar casos?

No lo puedo decir específicamente, creo ha sido un poco inusual pero tenemos antecedentes. En el 2004 hemos tenido un brote también del virus influenza A cepa H3 por inmigrantes chinos que habían ingresado por el norte.

Creo que Salta, al ser una provincia turística, tiene mucha afluencia de todas partes del mundo y se pueden introducir el virus, sobre todo, de países donde están en circulación, como los asiáticos o México.

¿Cuál es el rol del laboratorio?

Nosotros hacemos vigilancia todo el año; es decir, monitoreamos el virus, hacemos una vigilancia intensiva cuando empiezan a aumentar los casos ambulatorios como internados, pero cuando certificamos que hay una proporción importante de circulación del virus influenza nos concentramos, puntualmente, en los casos de internados.

¿Cree que el grupo de riesgo es el más afectado?

El grupo de riesgo es el que puede presentar casos de muertes. Pero en la actualidad uno de los grupos más afectados es el de los adultos jóvenes, e inclusive el que se extiende entre los 6 y 40 años. Son personas que no están dentro del grupo de riesgo y no tienen la costumbre de vacunarse. Es importante la cantidad de afectados que se registra entre los jóvenes.

¿Existe alguna zona con más peligrosidad?

Toda la provincia está en alerta completa. Desde Salvador Mazza hasta Metán y Rosario de la Frontera cuentan con casos documentados.

¿De qué depende que no se agrave la situación?

Es importante que la gente esté en alerta y, por supuesto, para que esta situación no se agrave la vacuna es fundamental. Pero también que la comunidad tome sus recaudos, como ser el ventilar las casas, no estar en lugares cerrados, descansar bien y comer bien. Hay medidas de higiene también como el lavado de manos y, sobre todo en los establecimientos educativos, hace falta no tener las aulas cerradas sino ventiladas.

¿Qué debe recordar la gente?

No hay que alarmar a la población porque estos son episodios que se producen anualmente. Que haya sido anticipado llama la atención y representará una evaluación al final del periodo, pero hace falta recordar que no será la primera influenza, por lo que hay que vacunarse.

FUENTE: EL TRIBUNO

 

SECUESTRARON A UNA DIPUTADA DEL PRO

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María Elena Torresi está casada con Osvaldo Mércuri. Fueron víctimas de un grupo que los capturó en Morón. Tras el pago de un rescate, los liberaron. Los delincuentes también se llevaron a su hijo

La diputada bonaerense María Elena Torresi y el dirigente peronista Osvaldo Mércuri fueron secuestrados en el partido bonaerense de Morón. Horas después fueron liberados tras el pago de un rescate cuyo monto aún se desconoce. El hecho ocurrió la semana pasada, pero recién se dio a conocer ayer.

La pareja de dirigentes fue abordada por al menos cuatro delincuentes cuando se movilizaban en su auto tras una cena familiar. En el vehículo estaban en compañía de uno de sus hijos y su esposa. Según trascendió, otros de los hijos de Mércuri –identificado como Juan Manuel- fue el encargado de negociar y pagar el dinero para la liberación.

Aún no se sabe durante cuánto tiempo los dirigentes políticos estuvieron en cautiverio, aunque se sabe que ya están en su casa y en buen estado de salud. La causa es investigada por juez federal de Lomas de Zamora, Federico Hernán Villena.

Osvaldo Mércuri actualmente milita en el PRO –fue candidato en la lista de Cambiemos al parlamento del Mercosur-, pero antes integró el Partido Justicialista y también el Frente Renovador. Entre 1989 y 1997 fue presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Luego, ocupó el mismo cargo entre 2001 y 2005. Maria Elena Torresi es diputada provincial por Lomas de Zamora y en octubre de 2015 oficializó su pase del Frente Renovador al PRO. Tiene mandato hasta 2017.

OLA DE SECUESTROS

El secuestro se suma a una serie de hechos similares que ocurrieron en los últimos días en varios puntos del Gran Buenos Aires y de la Capital Federal. El martes se conoció el caso de un joven que fue raptado en el barrio de Belgrano y tras el frustrado pago del rescate, los delincuentes le pegaron un tiro por la espalda. En Temperley, un escribano y su mujer fueron secuestrados y liberados tras el pago de más de $200.000. En el medio, fueron brutalmente golpeados.

Ayer, en pleno feriado, la mañana se vio sacudida por el caso de la liberación de un niño de 10 años que estaba en cautiverio desde el lunes. Fue encontrado por la Policía en un cuarto oscuro de un edificio de Constitución, atado a una cama y sedado. Por el hecho, dos personas –una de nacionalidad paraguaya y otra peruana- fueron detenidas.

La banda fue desbaratada cuando se simuló un falso pago del rescate en un lugar cercano al inmueble en el que estaba atrapado el chico. Los investigadores creen que hay otros dos sospechosos que participaron de la maniobra y están siendo buscados por las fuerzas de seguridad. Y finalmente, en Villa Luzuriaga, una familia fue raptada y liberada horas después a unas 20 cuadras de su casa.

PREOCUPACIÓN DEL GOBIERNO

Hasta ayer, sumaban 104 los secuestros en lo que va del año. Sobre el tema, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich dijo que se trabaja para “frenar esta cantidad” de hechos.

“Los secuestros son una de las peores metodologías hacia la gente. Estamos convencidos de que estamos llegando a los núcleos donde se están cometiendo estos delitos y vamos a lograr frenar esta cantidad de secuestros que ha habido. Estamos trabajando en conjunto con la provincia y con la ciudad de Buenos Aires en la parte preventiva”, dijo la funcionaria.

Tras conocerse el caso del nene de Constitución, el que tomó la palabra fue el propio jefe de la Policía Federal, comisario general Néstor Roncaglia. “Todo secuestro extorsivo es grave, pero cuando hay un menor de por medio es más grave aún. Estos hechos son cíclicos, aunque ahora hay más difusión y la gente los denuncia más. Lo que sí pasa es que estos casos causan conmoción social y mucha preocupación en la ciudadanía”, expresó.

 

FUENTE: INFOBAE

REAJUSTARIÁN LOS HABERES A DOS MILLONES DE JUBILADOS

REAJUSTARIÁN LOS HABERES A DOS MILLONES DE JUBILADOS

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Es a través del pago anticipado de juicios que incluirá el proyecto de ley que presentarán mañana. Será en forma gradual: 100.000 personas por mes. Buscan enfrentar el malestar social por inflación y tarifas.

Carpetas. Expedientes de juicios previsionales en un depósito de Lavalle al 1400, abierto en marzo de 2015 para recibir carpetas que no entraban en los tribunales.

Carpetas. Expedientes de juicios previsionales en un depósito de Lavalle al 1400, abierto en marzo de 2015 para recibir carpetas que no entraban en los tribunales.

Dos millones de jubilados cobrarán un importante ajuste en sus haberes, que pasarían en promedio de 7.000 a 11.000 pesos mensuales; eso se haría gradualmente, a un ritmo de 100.000 personas por mes. Es el efecto más importante, dicen en el Gobierno, del proyecto de ley que presentarán mañana y enviarán la semana próxima al Congreso. La iniciativa incluye además definiciones sobre el blanqueo de capitales, el acuerdo con las provincias por la coparticipación y la promoción de las pymes.

Cuando crece la conflictividad social producto de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, impulsada por la inflación y el ajuste de tarifas, el Gobierno busca poner sobre la mesa su carta mayor: pagar todos los juicios de los jubilados. “Macri siempre se planteó cancelar las grandes deudas del país: la de los holdout y la de los jubilados”, dicen en la Casa Rosada.

Abril registró una inflación del 6,5%; en mayo bajaría, pero sería igual del 3,5%. En medio empiezan a llegar las facturas con las fuertes subas del gas. La situación se tensó tanto en la Patagonia que tuvieron que convocar a todos los gobernadores. Los comedores sociales del GBA tienen cada vez más demanda, las agrupaciones piqueteras reclaman alimentos, la confianza de los consumidores cae. El escenario político empieza a complicarse. “Estamos atravesando el peor momento del Gobierno”, dijo el Jefe de Gabinete Marcos Peña esta semana. Pagar a los jubilados es la llave a la que apelarán ahora. Y bajo ese paraguas incluirán otras ideas que la oposición podría resistir, como el blanqueo de capitales y el acuerdo por la coparticipación de las provincias. La promoción de las pymes busca quitar al Frente Renovador una bandera que agitó las últimas semanas. Todo será parte del mismo texto de la ley.

“El centro del proyecto igual son los jubilados”, insisten en la Casa Rosada. Los fallos Badaro, Ellif y otros, de la Corte Suprema, ordenan reajustes generales de los haberes, que hasta ahora nunca se aplicaron. Para lograrlos, cada jubilado debe hacer un juicio, que puede demorar hasta 10 años. De aprobarse el proyecto del Ejecutivo, se pagarán todos los juicios que están en marcha (unos 300.000) y se hará lo mismo con aquellos que no iniciaron demanda pero están alcanzados por los fallos de Corte. “En las estimaciones que se manejaron estos días sobre el alcance de la iniciativa se habló de un millón de jubilados beneficiados, pero son más, son 2 millones”, señalan los funcionarios más cercanos a Macri. Es una cifra elevada, si se tiene en cuenta que hoy hay 6,5 millones de jubilados, y que en esta discusión no entran los casi 3 millones que se jubilaron con moratorias.

Cada jubilado que hace juicio tiene dos resultados: el reajuste de su haber futuro y el pago del retroactivo por la diferencia hacia atrás. Ahora accedería a ambos beneficios sin juicio. Para eso, debería firmar un compromiso en la ANSeS de que no hará más demanda, y aceptar una quita sobre el monto del retroactivo. “La quita sería más o menos lo mismo que le cobraría un abogado por hacer el juicio, del 20 al 30% del total”, dicen los funcionarios. El haber medio de ese segmento de jubilados es hoy de $ 7.000: con el reajustes pasaría a $ 11.000, estiman en la Rosada.

Pero los 2 millones de jubilados no podrían acceder a este beneficio todos juntos. “La ANSeS tiene un límite en la cantidad de trámites que podría tomar; estamos pensando en poner un cupo de 100.000 por mes: todos tendrían su reajuste de haberes en el lapso de casi dos años”, agregan. Habría prioridad para los más mayores, los enfermos, y las situaciones extremas.

Para pagar esos juicios se usarán recursos del blanqueo de capitales, dijo ayer Macri. Y del Fondo de Garantía de la ANSeS: la ley lo habilitaría, así como también permitirá que ese Fondo se utilice para prestar dinero a las provincias por la coparticipación y financiar obras de infraestructura incluidas en el Plan Belgrano, que apunta al norte del país. Una cláusula habilitará incluso la venta de acciones de empresas privadas en manos del Fondo, algo que fue prohibido por una ley de fines del año pasado.

Habrá otro tema polémico en la ley. Es que la ANSeS ya tiene resultados en rojo, paga más que lo que recauda. Se formaría entonces una comisión con la oposición, para discutir la sustentabilidad del sistema previsional. En la agenda se incluirá que en algunos años se suba la edad jubilatoria, para evitar que el sistema quiebre.

FUENTE: CLARIN

TENSIÓN EN EL INTERIOR DE CAMBIEMOS

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El Senado podría convocar a Aranguren a dar explicaciones; la UCR comparte las quejas del peronismo

El fuerte aumento en las tarifas del gas y de la electricidad dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri hace crujir los engranajes de Cambiemos en el Congreso. El malestar se hace sentir fuerte en el radicalismo, donde los incrementos se han convertido en el catalizador de las críticas contenidas que muchos miembros de este sector de la alianza oficialista mantienen con las políticas del Poder Ejecutivo.

Atentos a esta situación, los bloques de extracción peronista esperan agazapados y listos para agudizar las contradicciones de la coalición de gobierno. El escenario podría ser el Senado, adonde Guillermo Pereyra (MPN-Neuquén) pretende convocar al ministro de Energía, Juan José Aranguren, a la Comisión de Minería, Energía y Combustible, que preside el líder de los petroleros privados.

La citación se encuentra, por ahora, en stand by. Pero el Frente para la Victoria (FPV) podría apoyarlo y activarlo en cualquier momento, y todo indica que la UCR no haría nada para detenerlo, a pesar de que la orden de la Casa Rosada es evitar a cualquier costo que Aranguren asista al Congreso a dar explicaciones sobre la política de su área.

“Depende de cómo concluyan las negociaciones entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo, pero si no hay arreglo va a ser difícil evitar que Aranguren comparezca”, se sinceró ante LA NACION un senador radical. Por lo pronto, la reunión de la semana pasada entre el ministro de Energía y su par de Interior, Rogelio Frigerio, con los gobernadores patagónicos, en la que el Gobierno aceptó reducir el tarifazo en el gas para la región, parece haber llevado algo de calma, pero no la paz definitiva. Además, todavía falta resolver el aumento en la electricidad, que impacta fuerte en las provincias del NEA (noreste argentino).

El aumento de las tarifas es motivo de rispideces en Cambiemos desde hace bastante tiempo para los radicales, que ya le habían advertido a principios de año al Gobierno sobre el impacto que la medida podría tener en el interior.

Así, dos legisladores recordaron que las primeras quejas se escucharon durante el “retiro espiritual” de los bloques parlamentarios de la UCR celebrado en Luján en febrero pasado. En aquel encuentro, y tras escuchar las exposiciones optimistas de Frigerio y del jefe de Gabinete, Marcos Peña, el senador Luis Naidenoff les salió al cruce. “Ustedes dicen que la gente viva a Macri diciendo «sí, se puede» en cada lugar que va, pero cuando llegue el aumento de las tarifas van a terminar diciéndoles «nos están matando» porque la medida se tomó pensando en el vecino de Palermo y no en el hombre del interior”, disparó el legislador formoseño en aquella oportunidad.

El tema volvió a surgir en el último encuentro del comité nacional de la UCR. Tras la reunión, surgió un pronunciamiento público contra la reforma política que impulsa el macrismo. Pero voceros del radicalismo confesaron a LA NACION que el debate viró hasta convertirse en una fuerte catarsis por el aumento de las tarifas y su impacto en las expectativas electorales del centenario partido. El más duro en sus quejas, según confiaron las fuentes consultadas, fue el chubutense Mario Cimadevilla, ex senador hoy a cargo de la Secretaría de Estado que sigue las causas de la AMIA y de la muerte del fiscal Nisman.

La molestia radical es, en realidad, más profunda y tiene que ver con un tema recurrente desde que Macri llegó a la Casa Rosada: la escasa participación que el centenario partido considera que tiene en las decisiones del Gobierno, más allá de la participación de varios de sus dirigentes en el gabinete.

Protestas internas

Así, en la última reunión de bloque de los senadores de la UCR, la semana pasada, hubo un fuerte encontronazo entre el jefe de la bancada, Ángel Rozas (Chaco), y el pampeano Juan Carlos Marino. “Ustedes van a la Casa Rosada a articular espacios para sus provincias, pero se olvidan del resto”, fue el reproche que recibió el chaqueño, que, junto al jefe de la bancada de diputados, Mario Negri, participa de las reuniones de los martes entre el Gobierno y sus referentes legislativos.

“La sensación que queda es que no hay confianza, que se nos entretiene con palabras, pero que no hay respuestas a los planteos políticos del partido”, explicó un senador radical, que, no obstante, se mostró comprensivo con sus correligionarios. “El Gobierno deja a Rozas y a Negri en una situación muy compleja”, afirmó.

La mira radical apunta a hombres como Ernesto Sanz y Gerardo Morales. Pretenden que hagan pesar su buena relación con el Poder Ejecutivo para que el partido sea escuchado. Lo concreto es que el malestar crece y que hay voces que piden marcar diferencias con la Casa Rosada, “Hay algunos que escuchan a Carrió y reclaman tener una agenda más dura con el Gobierno”, alertó un diputado.

Un ministro en la mira de la Cámara alta

Es el blanco de todas las críticas por los aumentos en las tarifas de servicios. A las quejas de los gobernadores se suma el radicalismo, en donde crece el malestar por el impacto electoral que tendrán las medidas de la cartera de Energía. Además, recuerdan que ya en febrero la UCR había alertado en contra del tarifazo

El líder del sindicato de los petroleros privados pretende citar a Aranguren a la Comisión de Minería, Energía y Combustible, que preside, para que explique el tarifazo en los servicios públicos. Por el momento, el FPV no ha realizado movimiento alguno, pero podría apoyar la convocatoria si los gobernadores no obtuvieran respuestas a sus reclamos. La UCR no haría nada para impedirlo

 

FUENTE: LA NACION